- Junta Directiva del INFOCOOP se manifiesta en contra de iniciativas del poder Ejecutivo y del Congreso que afectarían la sostenibilidad del Instituto.
Liseth Guzmán Sandí
lguzman@infocoop.go.cr
Desde su creación hace 47 años, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) se ha enfocado en brindar un acompañamiento y fortalecimiento al sector cooperativo nacional, con el fin de que estas organizaciones puedan cumplir su fin de generar riqueza y desarrollo socio-económico a sus asociados y comunidades, además de ser agentes dinamizadores de economías locales.
El artículo 64 de nuestra Constitución Política puso al cooperativismo como actor fundamental de nuestro modelo de desarrollo, en aras de garantizar la justa distribución de la riqueza (como así lo ha hecho el sector por más de 70 años). En ese marco, INFOCOOP se constituye en el brazo del Estado para apoyar el esfuerzo de más de 800 mil ciudadanos agrupados en cooperativas.
La crisis que enfrentamos en estos momentos no es ajena para el sector cooperativo, quien de inmediato reaccionó para brindar soluciones a sus asociados, demostrando que es una de las herramientas más eficientes para salir adelante, trabajando de forma conjunta.
Es por esto que resulta de vital importancia mantener fortalecida a una institución como el INFOCOOP cuya labor de financiamiento, asistencia técnica, investigación, educación, divulgación, supervisión y promoción pueden verse afectadas por proyectos e iniciativas de ley que amenazan la estabilidad financiera y patrimonial del Instituto.
Múltiples amenazas
A la luz de lo anterior, la Junta Directiva del INFOCOOP expresó su preocupación por un conjunto de iniciativas que afectarían la sostenibilidad del INFOCOOP y que, de concretarse, podrían provocar un alto impacto en el sector cooperativo.
Mediante acuerdo JD 598-2020 el órgano colegiado se manifestó en contra del proyecto de ley 21.935, denominado: “Ley de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”.
El criterio técnico y jurídico es no considerar al INFOCOOP entre las instituciones participantes de dicha propuesta, pues es evidente que no tiene las mismas capacidades que otras instituciones bancarias o de desarrollo para aportar recursos al fideicomiso que se pretende crear. Además, la institución requiere la colocación anual de recursos provenientes de la transferencia de los bancos del Estado para sufragar sus gastos corrientes orientados al Fomento. Eliminar esos recursos y trasladarlos al fideicomiso como pretende el proyecto de ley, puede llevar a una condición de inestabilidad financiera, así como a una amenaza para los servicios técnicos de fortalecimiento integral de las cooperativas.
Es muy relevante advertir que con la colocación crediticia el INFOCOOP subsidia todos sus otros servicios, que reciben las cooperativas de forma gratuita. Bajo esa premisa, cercenar su estabilidad financiera es afectar la labor de fomento y, por ende, desvirtuar la finalidad última del INFOCOOP que es fortalecer de manera óptima a dichas entidades asociativas.
El proyecto planteado tiene altos impactos negativos para el INFOCOOP por el posible traslado del 50% de los recursos provenientes de la banca pública, pues se estaría dejando de percibir una cifra cercana a los ₡2.500.000.000, si se consideran las proyecciones de dichos recursos para el año 2021. Adicionalmente, se estaría dejando de percibir por concepto de ingresos corrientes una suma cercana a los ₡175.000.000, si se toma en cuenta el costo de oportunidad de esos recursos a una tasa de colocación de un 7% anual.
De forma complementaria, en función de los objetivos y los fines que busca el proyecto se prevé la condonación de deudas en intereses y principal, así como la devolución de garantías a las empresas. En ese escenario está latente la pérdida patrimonial de bienes adjudicados e incrementar los recursos disponibles para colocación entre las cooperativas.
Por otro lado, y en vista de la importancia que tiene el sector cooperativo en la atención de la actual crisis económica y del impacto del sector agroindustrial en la cartera del INFOCOOP, el proyecto debería considerar el traslado de recursos para que la institución pueda recuperar parte de la cartera, apostar a mayores niveles de sostenibilidad y entrar en planos de mayor apoyo, acompañamiento y de seguimiento que no pongan en riesgo su operación en el corto y mediano plazo.
Adicionalmente, la institución solicitó a la Asamblea Legislativa que el INFOCOOP sea objeto de apoyo por parte de las instituciones incluidas en el proyecto, en lugar de aportar recursos vía Fideicomiso.
La Junta Directiva por medio del acuerdo JD 599-2020 también se opone a la orden del Ministerio de Hacienda de transferir recursos a la caja única del Estado, en lugar de colocarlos en inversiones. Esta directriz produciría pérdidas multimillonarias al INFOCOOP al no percibir intereses por dicha colocación, lo cuales se invierten en el fomento cooperativo.
A las autoridades del INFOCOOP también preocupan sobremanera otras iniciativas de ley que proponen suprimir o modificar la transferencia del 10% de las utilidades que la banca del Estado transfiere a la institución cada año. De prosperar un proyecto como este el INFOCOOP sufriría una afectación de enormes dimensiones.
Por último, el INFOCOOP respalda la posición del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) en cuanto al llamado a los señores y señoras diputadas de la República para que se mantengan las cargas parafiscales que alimentan y sostienen a este organismo y al CENECOOP R.L., ya cumplen una labor esencial en materia de integración, representación y educación de las cooperativas. En esa misma línea, se ha insistido en no imponer nuevos impuestos a las cooperativas, toda vez que ello debilita al movimiento contra el mandato constitucional ya comentado.
