- También favorecería a decenas de cooperativas en generación de empleo y reactivación económica.
Bajo el titular “Infocoop promueve ley peligrosa para sus finanzas” el periódico La Nación afirma que el proyecto de ley 22.503, tramitado actualmente en la Asamblea Legislativa, sería perjudicial para la organización, cuando en realidad es todo lo contrario.
El procedimiento legal vigente hasta el momento, con relación a los bienes adjudicados por el impago de créditos, es realizar un avalúo por parte del Ministerio de Hacienda y, con base a este proceder, a rematar el activo. Tal procedimiento ha sido muy complejo históricamente, por los rezagos de dicho Ministerio para efectuar los avalúos correspondientes. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) logró habilitarse con el fin de realizar los propios avalúos, pero aun así no se cuenta con el suficiente personal de planta a efectos de abarcar con prontitud toda la gama de propiedades adquiridas.
El proyecto de ley en mención lo que haría es beneficiar a las cooperativas y dotar al INFOCOOP de ingresos frescos por la vía de mecanismos como el alquiler, el usufructo, el leasing y los fondos de inversión. Lo que sí busca el proyecto de ley es el dotar al INFOCOOP de las herramientas que cualquier institución financiera ya cuenta; y con ello, permitir mejores condiciones a las cooperativas para que puedan adquirir los bienes mediante una figura complementaria al fin último que es la venta, y así cristalizar la recuperación total de los recursos públicos. Ejemplo de esto podría ser el alquiler con opción de compra.
Se pretende en todo momento que las propiedades sean vendidas por los habituales remates, nunca patrimoniarlas, para así lograr la recuperación total de los recursos públicos. Esto no incluye los bienes que actualmente están en uso.
En ese sentido, es a todas luces más conveniente para el bien público y el país en general, arrendar estos activos (por lo general con alta vocación agrícola y comercial), que tenerlos en condición improductiva, cuando a su alrededor existen poblaciones urgidas de cultivar la tierra y mejorar su calidad de vida.
Algunas de estas propiedades han sido adjudicadas e inmediatamente desalojadas. Otras, por el contrario, no han alcanzado el nivel de desocupación pues sus inquilinos se han valido de estrategias legales para impedir el desalojo. Tal es el caso de COOCAFÉ R.L. y CCH R.L. que han acudido a los Tribunales de Justicia con el fin de continuar sus operaciones comerciales.
En ese marco, COOCAFÉ R.L. interpuso un contencioso administrativo que se tramita con el expediente 20-005236-1027-CA. Por su parte, CCH impulsó un proceso de consignación de alquileres en el Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Pérez Zeledón bajo expediente 21-000151-0188-CI-1, donde estaría depositando un alquiler por el usufructo del Hotel del Sur.
Debido a tales gestiones, el INFOCOOP no ha logrado concretar la desocupación hasta la fecha. Asimismo, el hecho de que el tema se haya judicializado impide a la actual Administración pronunciarse al respecto para no afectar las diligencias que realiza nuestra Asesoría Jurídica ante tales instancias.
En síntesis, la Administración y la Junta Directiva del INFOCOOP continuarán gestionando la aprobación del proyecto de ley supracitado, por considerar que llega a resolver la alta concentración de bienes en poder de la Institución, los cuales se pueden poner al servicio del sector cooperativo costarricense.
