INFOCOOP SE OPONE AL PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS PARA LAS COOPERATIVAS
INSTAMOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL DIÁLOGO CON EL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL.
En el marco de las facultades conferidas al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en el artículo 157 de la Ley 4179, el INFOCOOP manifiesta su posición con respecto al proyecto de ley 21.017, “Ley de impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas”.
CONSIDERANDO QUE…
El Estado costarricense ha impulsado el desarrollo y la prosperidad gracias a un modelo solidario de distribución de la riqueza dentro del cual las cooperativas han tenido un papel protagónico por más de 75 años. Así lo concibieron los ideólogos de la Segunda República y quedó plasmado en el artículo 64 de la Constitución Política, que coloca al cooperativismo en la base del bienestar colectivo.
Las asociaciones cooperativas han jugado y siguen jugando un papel preponderante como agentes del cambio social y el combate a la pobreza. A diferencia de otras figuras jurídicas, su naturaleza no es solo económica sino de tipo humanista, pues se fundamenta en valores y principios universales. En nuestro país, 564 cooperativas activas, agrupan a casi 800 mil ciudadanos y generan más de 21.600 empleos directos. Su inversión social supera los diez mil millones de colones anuales en servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros.
El legislador las exoneró del pago de renta debido a que son una herramienta eficiente y eficaz para la justa distribución de la riqueza, lo cual es equiparable a la función tributaria convencional. Una cooperativa no es un fin en si mismo, pues en nuestro modelo de desarrollo es un instrumento de potenciación socioeconómica, sin fines de lucro, orientada a revitalizar los territorios. Así dan fe, por ejemplo, 700 mil usuarios de servicios de electrificación y 400 mil de servicios de salud cooperativos.
La ley No. 4179 ya contempla el pago de cargas parafiscales para las cooperativas y además obliga a disponer de varias reservas específicas. Todo ello representa más de un 25% de los excedentes brutos de cada periodo económico.
El sector cooperativo, de manera responsable, apoyó el incremento en el cobro de renta sobre los excedentes distribuidos a asociados(as) de un 5% a un 10%, como finalmente se aprobó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635. Con esta acción miles de cooperativistas harán en el corto plazo un aporte significativo de cerca de 30 mil millones de colones, lo cual debe verse como una medida solidaria y patriótica por parte del sector en pro de contribuir al mejoramiento fiscal del país.
A la luz de lo anterior, el proyecto de Ley 21.017 incurre en los siguientes vicios y afectaciones:
Desconoce que la exoneración de renta a las cooperativas parte del reconocimiento histórico de ellas como agentes para la equitativa distribución de la riqueza. Así, romper con este principio, es lesionar las bases doctrinarias que modelaron la justicia distributiva atesorada por los costarricenses.
La iniciativa desestimula y castiga el crecimiento de las cooperativas como empresas sociales exitosas, lo cual es contrario a un Estado que promueva el desarrollo empresarial a gran escala y con balance social. Debemos subrayar que cerca de un 86% de las cooperativas nacionales se pueden clasificar como micro, pequeña y medianas empresas.
Pone en desventaja competitiva a las cooperativas con respecto a otras formas de organización comercial, pues además del pago de renta deben cubrir cargas parafiscales y reservas de ley, por más del 25%.
Perjudica doblemente al asociado (doble imposición tributaria) porque grava el excedente que recibirá luego de todas las deducciones y después, al tener el dinero en su poder, deberá nuevamente aportar el 10% que establece la ley 9635.
En el caso de las cooperativas de cogestión y autogestión cuyos asociados-trabajadores no reciben un salario, sino un adelanto de excedentes, esta doble imposición tributaria es aún más gravosa, toda vez que incide en su ingreso mensual y anual.
POR TANTO, ACORDAMOS:
Instar a los señores(as) diputados(as) a reconocer el legado de las cooperativas en la Costa Rica que hoy nos llena de orgullo y a protegerlas como organizaciones solidarias, creadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, merecen un trato diferenciado como aliadas naturales de un Estado con rostro humano.
Manifestar de manera clara y contundente la oposición del INFOCOOP al proyecto de Ley 21.017 porque desconoce el papel histórico que han jugado las cooperativas en la justa distribución de la riqueza y como agentes dinamizadores de la solidaridad económica en el país. Asimismo, el proyecto debilita al modelo cooperativo frente a otras formas de organización comercial y desestimula su crecimiento y desarrollo, siendo el asociado de base el principal afectado.
Hacemos un llamado al diálogo transparente y comprometido entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Movimiento Cooperativista para la búsqueda de soluciones integrales, apegadas a nuestra herencia histórica y con un profundo sentido social. En esa dirección, el INFOCOOP está en la mayor disposición de aportar por el bienestar de una Costa Rica más cooperativa.
San José, 30 de enero de 2019.